Quito, agosto 22 del 2001.



Señor doctor
Gustavo Noboa Bejarano,
Presidente de la República del Ecuador
Ciudad


De nuestras consideraciones:

Quienes suscribimos la presente comunicación,
dirigentes de organizaciones de derechos humanos,
gremiales, sociales, políticas y de la sociedad civil
en general, de la República del Ecuador, acudimos ante
su autoridad para del modo más respetuoso y firme
exponer y solicitar:

1. Nuestra actividad, como es conocida por la
ciudadanía, siempre ha sido pública, abierta, legal e
inscrita en los principios de la Constitución Política
de la República y de la legislación internacional.
Hemos participado desde hace muchos años atrás en el
marco del derecho positivo ecuatoriano, pregonando y
precautelando la vigencia de los derechos humanos y
una auténtica democracia, donde se respete la
integridad física, psicológica y moral de los
ciudadanos, y se protejan los derechos sociales,
económicos y culturales de todos los ciudadanos de
nuestra nación.

2. Hemos trabajado décadas y lustros en esta línea
indeclinable de solidaridad social y no habíamos
tenido hasta hoy problema alguno -en cuanto a recibir
permanentes amenazas de muerte-, en ningún gobierno
durante los veinte y dos años de retorno democrático.
Sin embargo, a raíz que hemos expresado de manera
pública nuestra profunda discrepancia con la política
oficial -impulsada por su Gobierno- de involucrar al
Ecuador, en forma progresivamente comprometedora, en
el conflicto interno de Colombia, arriesgando la
integridad de nuestros soldados y jóvenes que se los
está reclutando para el servicio militar (para que
actúen en una estrategia militarista impulsada por
transnacionales que favorece intereses extraños a los
del pueblo del Ecuador), así como al expresar nuestro
criterio de disconformidad con la subordinación
incomprensible de nuestra soberanía nacional a esos
intereses antinacionales, al extremo de convertir a
parte de nuestro país en base de tropas militares
norteamericanas; hemos sido víctimas de todo tipo de
amenazas en comunicaciones anónimas, llamadas
telefónicas, y hasta visitas en algunos casos, de
quienes dicen identificarse con su política interna y
externa, sobre todo con la entrega de la soberanía
nacional del Ecuador al control de los EE. UU.; las
últimas de las cuales se esconden bajo la nominación
de una supuesta \"Legión Blanca\" y donde proclaman, en
forma explícita y precisa, su absoluta identidad
política con su gestión gubernamental.

3. Si partimos de que lo único que se ha ampliado en
nuestras actividades de defensa de los derechos
humanos, sociales y nacionales, es la oposición
fundamentada y razonada a una política oficial
perniciosa y costosa humana y económicamente para
nuestra Patria, resulta obvio que las respuestas y
amenazas provienen de dichos sectores que se creen
lastimados por nuestra conducta inclaudicable de
exigir la vigencia plena y absoluta de los derechos
humanos, prescripción que consta en el Art. 3, num. 2,
de la Carta Magna, como deber primordial del Estado,
así como en los Arts. 16, 17, 23, 163, 272 y 273 del
mismo cuerpo legal. 


4. En tal virtud y por considerar que esta política de
Estado subordinada a intereses ajenos al país, es la
causa central y antecedente único para las amenazas a
nuestras vidas e integridad, RESPONSABILIZAMOS de lo
que nos pudiese acontecer, a los principales gestores
de esta situación cuya crítica tanto molesta: es
decir, a Usted señor Presidente de la República; al
ministro de Relaciones Exteriores -Dr. Heinz Moeller
Freire- propulsor incondicional de esta política
antisoberana y que la considera preludio indispensable
para su aspiración a la Secretaría General de la OEA
con el apoyo de sus beneficiarios; al ministro de
Gobierno -Dr. Juan Manrique Martínez-, y al ministro
de Defensa -Alm. Hugo Unda Aguirre-, responsables
mayores de esta política de \"seguridad\" interna, y
quienes, de acuerdo a la Constitución y leyes
vigentes, deben garantizar la vida e integridad de sus
ciudadanos en forma independiente a su forma de
pensar, pero que en los hechos, con su notoria
inacción y complaciente tolerancia, alientan o se
identifican con dichos métodos inaceptables en una
sociedad civilizada -donde no se puede combatir las
opiniones asesinando a los que discrepan-, y que en
otros países fueron el antecedente de cruentos
conflictos. Y, más aún, precisamos las
responsabilidades cuando el ministro de Gobierno, en
reunión con organismos de DDHH ocurrida el 14 de
agosto, dice no descartar que tras la llamada Legión
Blanca estén Organismos de Seguridad del Estado,
admitiendo su existencia pero sugiriendo que nada
puede hacerse hasta el momento para impedir que
funcione el supuesto grupo paramilitar que actúa al
margen de la ley. ¡A confesión de parte relevo de
prueba!

5. Responsabilizamos del mismo modo a todas las
autoridades indicadas, de lo que pudiese acontecer a
cualquier ciudadano -o familiar- opositor a esa
política, pues resulta previsible colegir que ese ente
amenazador no sería sino una disimulada instancia
surgida a la sombra del Poder, molesto con quienes
observan sus procedimientos contrarios al interés
nacional y de franco favorecimiento a las
multinacionales de la guerra, del petróleo y de los
químicos de fumigación, que están tras el llamado Plan
Colombia. Y advertimos que, de no develarse de modo
temprano la identidad de estos grupos de potenciales
homicidas -lo que decimos al tenor de sus amenazas-,
deberá entenderse que su régimen y las autoridades de
los Organismos de Seguridad del Estado y de la
Comunidad de Inteligencia los protegen y resguardan en
el anonimato con su inacción indisimulada y
complaciente.

6. Copia de esta comunicación enviamos a todos los
organismos de derechos humanos, sindicales, gremiales
y populares del mundo, a las iglesias y universidades
de toda orientación, organismos internacionales,
medios de prensa y agencias de comunicación, con
quienes guardamos relaciones desde hace varios años
atrás en todos los continentes, de tal modo que
dispongan de antemano de los nombres de los
propiciadores -por acción o inacción- de estas
conductas censurables por toda persona civilizada. A
la comunidad internacional y organizaciones del mundo,
como a Ud. señor Presidente y a las autoridades
citadas, no les será desconocido el hecho irrefutable,
detectado en la reciente y actual historia de América
Latina, que en todos los casos de aparecimiento y
acciones criminales de \"escuadrones de la muerte\" o
\"grupos paramilitares\" (Colombia, Guatemala, Honduras,
El Salvador, Brasil, Argentina, etc.), se ha
comprobado la existencia de  relaciones orgánicas,
estrategias planificadas y jerarquías de orden con los
organismos de Seguridad de esos mismos Estados. 





7. De conformidad con lo establecido en el Art. 12 del
Código Penal vigente, que determina que \"No impedir un
acontecimiento, cuando se tiene la obligación jurídica
de impedirlo, equivale a ocasionarlo\", convocamos a
Ud. y a su Gobierno que cumpla, según el solemne
juramento expresado al asumir sus funciones, con lo
estipulado en la Constitución Política en sus Arts.
120, 97, 272 y 273. No escapará a su ilustrado
criterio que la legislación internacional en materia
de DDHH y la actual judicialización universal de
delitos de lesa humanidad y violaciones de DDHH en
boga, impiden a los gobernantes y los Estados
justificar su inacción ante esos grupos y la
desprotección estatal de sus ciudadanos, pues la
omisión se convierte, hoy o mañana, independientemente
del tiempo y del cese de funciones de un gobernante o
funcionarios de Seguridad del Estado, en causal de
procesamiento. 

8. Finalmente recordamos que el Art. 163 de nuestra
Carta Magna señala que los convenios internacionales
prevalecerán sobre las leyes nacionales, y que uno de
los instrumentos que instamos a su autoridad a
cumplirlo es la Declaración Universal de los Derechos
Humanos, emitido por la Asamblea General de las
Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948, y del cual
el Ecuador es país signatario, en el que se garantiza
la vida e integridad de todos los seres humanos.

C.c.: Secretaría General de ONU, Alta Comisionada de
DDHH de ONU, Sistema de NNUU en Ecuador, OEA-Ecuador,
CIDH-OEA, Organismos Internacionales de DDHH, Cuerpo
Diplomático acreditado en el país, Ministros de:
Gobierno, Defensa y RREE, Ex-Presidentes de la
República, Personalidades, Comisión Ad-Hoc para la
aprobación de la Corte Penal Internacional, Organismos
de Seguridad del Estado, Agencias de Prensa
Internacional, Medios de Comunicación, Organizaciones
del país y el mundo.


Del señor Presidente de la República, 

- Raúl Pérez Torres, Presidente de la Casa de la
Cultura Ecuatoriana, escritor
- Alexis Ponce, defensor de DDHH
- Hna. Elsie Monge, defensora de DDHH
- Pablo de la Vega, defensor de DDHH
- Jhonny Jiménez, defensor de DDHH
- Patricio Benalcázar, defensor de DDHH
- Manuel Salgado, dirigente político, ex-
Vicepresidente del Congreso Nacional
- Ciro Guzmán, dirigente político
- Germán Rodas, dirigente político
- Luis Villacís, dirigente popular
- Oswaldo Palacios, dirigente político